Ayer se celebró en el Centro Sociocultural Roque Baños una asamblea informativa convocada por los sindicatos agrarios COAG, ASAJA y UPA en la que participaron sus respectivos presidentes, Pedro García, Javier Martínez y Antonio Carrión. En ella se debatió sobre la presencia de los conocidos como ‘cañones anti granizo’, en algunas explotaciones agrarias de Jumilla y la preocupación que esto ha despertado en muchos agricultores.
Se trata de cañones sónicos de onda expansiva que alcanzan entre 11.000 y 15.000 metros de altitud y son empleados para incidir en el ciclo natural de las tormentas. La mayoría de ellos funcionan a través de explosiones de gas acetileno y aire. Gracias a este mecanismo son capaces de emitir ondas de choque que se desplazan a la velocidad del sonido e interfieren, en un principio, en la cristalización del granizo, dando como resultado una lluvia o granizo pequeño y blando, en lugar de uno macizo capaz de acabar con las cosechas. A pesar de su reiterado uso, la efectividad de este mecanismo no está confirmada y son muchos los agricultores jumillanos que denuncian que son responsables de la disminución de las cosechas en los últimos años, “llevamos sin recoger cosechas dignas los últimos tres años, en toda la zona de huerta de producción de fruta”, asegura Pedro García y exige que las administraciones dispongan la correspondiente regulación de estos artefactos, “que sea una Murcia libre de cañones y de artilugios que interfieran en el clima y que los grupos políticos municipales acuerden en pleno instar a la Comunidad Autónoma para que Jumilla sea el primer municipio libre de cañones“.
En los últimos años han sido varios los episodios de granizo que han arrasado grandes zonas del término municipal, “que no solo afectan a un paraje sino a un montón de parajes”, indicó Antonio Carrión.
Existe un limbo con respecto al uso de estos sistemas anti granizo, no hay legislación que permita o impida su uso y tampoco está claro que administración debería regularlo. En otras comunidades, como la valenciana, ha sido el gobierno regional el que ha tomado la determinación de controlar el uso de estos artefactos. En la Comunidad de Murcia el gobierno pasa la pelota al Ministerio de Transición Ecológica, aunque de momento, el presidente de COAG, Pedro García, dice que las competencias las tiene la Confederación Hidrográfica del Segura.
