Varios miembros del Partido Popular de Jumilla encabezados por su presidenta, Severa González se sumaron ayer martes a la iniciativa de la Plataforma “Más Plural” recogiendo firmas para paralizar la tramitación de la conocida como “Ley Celaá”, la octava Ley Educativa de la Democracia, que, según denuncia González, ha sido negociada de espaldas a la comunidad educativa, “está nueva Ley lo que pretende es el adoctrinamiento en las aulas y ataca directamente a la educación concertada” asegura la presidenta de los populares y recuerda que en Jumilla hay dos colegios concertados que están muy preocupados por el desarrollo de esta ley.

Seve González, presidenta de los populares jumillanos

Seve González, presidenta de los populares jumillanos

También asegura González que la nueva ley ataca a la Educación Especial, pretendiendo, en el plazo de 10 años, llevar a cabo el cierre de todos los centros de Educación Especial, “aquí en Jumilla tenemos uno, gestionado por la ONG Aspajunide”, apunta Severa.

Los populares jumillanos señalan otro de los puntos conflictivos de esta nueva Ley, que según ellos, pretende igualar a todos los alumnos por abajo, “permitiendo lograr el título de Bachillerato con asignaturas pendientes”.

También denuncia González que está ley es anticonstitucional, pues ataca directamente el artículo 27 de la Carta Magna, “ya que elimina la libertad que tienen los padres y madres de elegir el centro y la educación que quieren para sus hijos”.

Por último, informa la presidenta, esta Ley representa otro ataque frontal a la Constitución: la eliminación del castellano como lengua vehicular, “si se aprueba esta ley, serán las Comunidades Autónomas las que decidan si el Castellano es la lengua oficial o si es una más, como lo puede ser el Francés o el Inglés” concluye.