La Guardia Civil y la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) han firmado un protocolo de actuación para impulsar la prevención y la lucha contra el fraude en este sector, en defensa de las denominaciones de origen y de los viticultores, bodegas y consumidores.

El protocolo, suscrito por la directora general de la Guardia Civil, María Gámez y el presidente de CECRV, David Palacios, refuerza la colaboración para la identificación y el estudio de los principales problemas relacionados con el fraude y establece un canal de comunicación directo para alertar sobre irregularidades o prácticas fraudulentas.

Entre las funciones de la Guardia Civil se encuentran la lucha contra las conductas relacionadas con la falsificación, adulteración, venta, etiquetado, comercio o distribución ilegal de productos alimenticios, que se prevén y sancionan en España tanto en el ámbito administrativo como en el orden penal.

Ambas partes comparten el objetivo de la protección de los derechos de los productores (viticultores), elaboradores (bodegas) y consumidores, garantizando el principio general de veracidad y justificación de la información, que figure en el etiquetado de los productos agrarios y alimentarios.

Durante los últimos años la Guardia Civil lideró junto a Europol acciones como la llamada Operación Isolu, en la que 17 personas fueron detenidas/investigadas por introducir con engaño en el mercado vitivinícola español un total de 40.746.855 kilos de isoglucosa haciéndola pasar por mosto concentrado o rectificado de uva y 39.755.335 litros absolutos de alcohol haciéndolos pasar por aguardiente de vino.