El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, dio a conocer que su Ejecutivo ha solicitado al Consejo de Estado que informe de manera desfavorable sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos (especialmente el de la demarcación hidrográfica del Tajo), por contener defectos de forma en su tramitación y ser incompatible con la ejecución del Plan Hidrológico del Segura. Así queda recogido en el documento de alegaciones presentado al Alto Cuerpo Consultivo, dentro del proceso de audiencia concedido a la Comunidad.
López Miras explicó que “hemos enviado un documento con base jurídica, técnica y científica, que pone de manifiesto la invalidez de la planificación hidrológica del Gobierno central”. Tras agradecer la “buena disposición” del Consejo de Estado y la “rápida” respuesta a la solicitud de audiencia del Gobierno regional, el presidente señaló que “buscamos que nuestras alegaciones sean contempladas en el informe que este órgano va a realizar”.
En cuanto a los argumentos concretos para alegar defectos de forma en la tramitación e incompatibilidad con la ejecución del Plan Hidrológico del Segura, el máximo responsable autonómico detalló que “en primer lugar, denunciamos la intención de modificar mediante Real Decreto aspectos incluidos en una ley, la Ley de Aguas, algo que no es posible, ya que la ley es una norma de carácter superior”. A ello, criticó, “se suma una circunstancia insólita, y es que el documento que va a valorar el Consejo de Estado no es el mismo que el debatido y aprobado por el Consejo Nacional del agua”.
“Dicho de otra forma: han cambiado el texto para que el recorte del 50 por ciento del trasvase no esté ligado en ningún caso a la evolución ecológica del Tajo, tal y como intentaron vendernos en un principio, y ahora ese recorte se produce porque sí, de forma automática. Porque lo dice el Gobierno y punto”, añadió López Miras.
Para el jefe del Ejecutivo regional, el Gobierno central ha realizado ese cambio “con total opacidad”, y pretende aprobar los Planes del Tajo y Segura “sin que haya coordinación, aplicando un recorte no contemplado previamente y sin medidas que lo compensen”. Además, agregó, se han producido “numerosas deficiencias en la tramitación y falta de transparencia”, así como “inseguridad jurídica en el documento elaborado por el Gobierno de España”.
López Miras denunció que “estamos ante una situación insólita y una demostración más de que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere cerrar el trasvase Tajo-Segura sí o sí, con informes técnicos favorables o sin ellos”. De cara a lograr ese propósito “van a intentar hacer todo lo posible, pero el Gobierno regional va a hacer todo lo posible para evitarlo”, advirtió.
“Criterios políticos” para cerrar el trasvase
“No hay motivos para acabar con el trasvase Tajo-Segura”, recordó López Miras, ya que “ningún informe avala que un recorte en el agua trasvasada va a suponer un beneficio ecológico en el río Tajo”. Por ello, afirmó, “sólo cabe pensar que lo que mueve al Gobierno central a acabar con esta infraestructura imprescindible para nuestra tierra son criterios políticos, ideológicos y electoralistas”, en lo que representa “una tropelía”.
Este proceso “es algo que venimos denunciando desde 2018, cuando el propio Pedro Sánchez prometió en Albacete poner fin al Tajo-Segura”, señaló el presidente de la Comunidad. Según López Miras, esa pretensión “ha ido más allá de las palabras y la han llevado hasta el extremo, mediante decisiones de dudosa legalidad y nula transparencia que están provocando una fractura entre comunidades, y que se alejan del consenso que llevamos años demandando en materia hídrica”.
Detalles de las alegaciones
La variación del documento que va a valorar el Consejo de Estado se produce, en concreto, en la Disposición Adicional Novena, que suprime toda la condicionalidad establecida en la versión entregada al Consejo Nacional del Agua. Por tanto, la entrada en vigor de los distintos escalones previstos en el Plan Hidrológico sería ahora automática, sin vinculación alguna con los resultados de seguimiento del estado ecológico que se contemplaban en la versión anterior.
El Gobierno regional tampoco considera lógico que el Ministerio no haya aportado una memoria jurídica, ni económica ni hidrológica a la hora de establecer los caudales ecológicos del Tajo, que afectan además al Plan Hidrológico del Segura. Así, la Comunidad considera que se hace caso omiso del condicionante y límite legal que las leyes del Trasvase Tajo-Segura imponen al Plan Hidrológico del Tajo y al Gobierno central.
A ello se suma la ausencia de la obligada coordinación de los Planes Hidrológicos del Tajo y el Segura, ignorando las consecuencias que tendrán las decisiones de uno sobre los balances hídricos, asignaciones, reservas, déficits y estado ecológico de las aguas, y viceversa. Las alegaciones recogen también la errónea vinculación que el texto hace de la garantía de un buen estado ecológico con los regímenes de caudales propuestos por el Ministerio, aportando los criterios técnicos y jurídicos que lo evidencian.
Otra grave deficiencia que la Comunidad percibe en el proceso a causa de la falta de coordinación es la inconsistencia de las previsiones de la planificación hidrológica del Segura, que ha sido cerrada sin una valoración cierta de las disponibilidades reales con las que podrá contarse en esa demarcación.
Por ello, la aprobación de la planificación del Tajo conllevaría necesariamente una significativa reducción de las disponibilidades trasvasables al río Segura, que no se contemplan en la planificación del propio Segura, y que sería aprobada simultáneamente, sin contemplar medidas compensatorias.
