El Consejo de Ministros aprobó ayer martes el decreto para la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC) en el sector vitivinícola, que contará con ayudas por valor de 202,1 millones de euros anuales entre 2023 y 2027.

Copa de vino del CRDOP de Vinos JumillaEl nuevo decreto acomoda la normativa sectorial a la nueva PAC, que entrará en vigor en enero del próximo año, y en ese sentido recoge las nuevas exigencias medioambientales y de adaptación al cambio climático.

Según un comunicado del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), los tipos de intervención elegidos por España para cumplir los objetivos específicos para el sector del vino están relacionados con la reestructuración y reconversión de viñedos, entre otros.

También se incluyen las inversiones en instalaciones de transformación e infraestructuras vitivinícolas, así como en estructuras e instrumentos de comercialización, además de la cosecha en verde, la destilación de subproductos de la vinificación y las actividades de promoción y comunicación en terceros países.

El objetivo es impulsar la comercialización del vino en España e incrementar su valor añadido, promocionándolo en terceros países y apoyando las inversiones en las bodegas, al tiempo que se fomentan modelos más sostenibles de producción.

Sala de barricas de BSIEl MAPA ha explicado que la intervención sectorial prevé la posibilidad de recurrir a la cosecha en verde en casos excepcionales ante posibles desequilibrios entre la oferta y la demanda.

La PAC establece un porcentaje de gasto obligatorio para acciones medioambientales de al menos el 5 % del presupuesto, según el Ministerio.

Los dos primeros años de aplicación de la Intervención sectorial vitivinícola coincidirán con las operaciones y programas que están ejecutándose y que fueron aprobados en el marco del Programa nacional de apoyo al sector vitivinícola (Pasve) 2019-2023 antes del 31 de diciembre de 2022, los cuales podrán ejecutarse y pagarse hasta el 15 octubre de 2025.