La portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Jumilla, Seve González, ha presentado una moción que será debatida en el pleno municipal a través de la cual se insta al Gobierno de la Nación a que impulse las reformas legales oportunas con el fin de combatir de manera ágil la okupación ilegal de viviendas en Jumilla y, con ello, garantizar el derecho de propiedad, la seguridad de personas y bienes y la convivencia social.
“La okupación no puede entenderse como una vía de acceso a la vivienda, sino como un delito contra la propiedad privada, y el hecho de no perseguir este delito significaría dar carta blanca a un tipo de delincuencia colectiva que, si cunde el modelo, puede expandirse a otros ámbitos”, ha explicado González, quien ha pedido a la corporación municipal apoyo para luchar contra la okupación.
La portavoz popular considera que “la okupación de una vivienda por alguien que no sea su legítimo propietario, no es en ningún caso un derecho, sino un quebrantamiento de la ley, por lo que se debe perseguir y dar soluciones jurídicas ágiles, reales y efectivas”.
“Los Gobiernos del PP están impulsando medidas para frenar que las mafias se asienten en sus territorios”, de hecho, tal y como ha subrayado González, “en la Región ya se ha lanzado un plan contra estas mafias que se dedican a ocupar ilegalmente las viviendas, detección temprana que contará con la participación de los sectores afectados con el fin de diseñar un procedimiento que impida que se instalen en la Región”.
Las cifras no nos deben dejar indiferentes, ha recalcado porque “la okupación ilegal de inmuebles aumentó en la Región de Murcia cerca de un 20 por ciento en lo que llevamos de año” y “ante la pasividad del Gobierno central tenemos que buscar soluciones”.
Con todo, González ha incidido en que “los problemas de vivienda de las personas con vulnerabilidad los deben resolver las administraciones”, a lo que ha recordado que “el Gobierno de la Región de Murcia ha movilizado una inversión de 16 millones de euros en ayudas destinadas a las personas arrendatarias de vivienda habitual en situaciones de vulnerabilidad”.
