Anoche se dictaminó en la Comisión Informativa de Hacienda llevar al Pleno de noviembre, a celebrar el próximo lunes, la propuesta del Gobierno local de amortizar la totalidad de la deuda que actualmente tiene el Ayuntamiento de Jumilla.
Se trata de 3.334.100 euros que dejarían a cero los préstamos con todas las entidades financieras. La operación se puede llevar a cabo a través del remanente de Tesorería con el que se cuenta, cumpliéndose, además, los objetivos de estabilidad presupuestaria que exige la ley. Para que se haga efectiva el Pleno debería aprobar inicialmente un expediente de suplemento de crédito que deberá publicarse durante 15 días en el BORM ante posibles reclamaciones.
Equipo de gobierno saca pecho
“La buena gestión económica con la que actualmente cuenta el Ayuntamiento de Jumilla va a permitir la eliminación total de cualquier deuda, por lo que los jumillanos debemos estar satisfechos de tener unas arcas municipales saneadas, con disponibilidad económica para realizar inversiones y, además, habiendo bajado los impuestos a los ciudadanos”, ha señalado la alcaldesa Juana Guardiola.
“En la actual legislatura, el recibo del IBI ha descendido en más de 10%: una bonificación del 3% que salió adelante en noviembre de 2015, la del 3% por domiciliación, a lo que hay que unir otro 0,9% por la actualización del IPC negativo que no se aplicó y un 4% por la aplicación del coeficiente de actualización que se solicitó al Ministerio”, ha recordado el concejal de Hacienda, Alfonso Pulido, que ha añadido que “la bajada de carga impositiva y de tasas a los jumillanos ha sido general”.
IU-Verdes: ‘no han solicitado revisión del IBI’
Contestan así a las declaraciones que días atrás hacía el grupo municipal de IU-V, en las que recordaba que en 2007 los jumillanos pagaban 2.000.000 de euros de IBI rústico y urbano, mientras que en 2018 el IBI ha ascendido a 7.155.000 euros. Debido a la subida de este impuesto el Ayuntamiento ha acumulado dinero para esa cancelación de la deuda, señalan desde Izquierda Unida-Verdes, que acusan al PSOE de no haber solicitado una revisión de los valores catastrales que habría permitido que se pagase con mayor justicia, puesto que hoy hay muchos barrios en los que el valor de las viviendas es menos del doble del valor catastral (y por ley no debería ser así).