El Gobierno de la Región de Murcia remitía la semana pasada al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una carta en la que reclama formalmente la moratoria del cierre de los acuíferos de la cuenca del Segura hasta, como mínimo, el año 2033.
El portavoz del Ejecutivo Autonómico, Marcos Ortuño, señalaba que “lo más importante es que esa moratoria puede llevarse a cabo si existe voluntad política, porque la Directiva Marco del Agua contempla esa prórroga cuando existen razones técnicas y económicas que impiden cumplir los objetivos en 2027”. Ortuño añadió que “en este caso, esas razones existen y son más que evidentes”.
Estudio de la Universidad de Alicante
En referencia a esas razones económicas, Ortuño recordó que “un estudio de la Universidad de Alicante afirma que el cierre de los pozos en 2027 provocaría en la Región de Murcia pérdidas superiores a los 800 millones de euros anuales, la destrucción de 25.000 empleos y la desaparición de casi 29.000 hectáreas agrícolas”, explicó.
El Ejecutivo Regional insiste en la falta de alternativas por parte del Gobierno de España
Desde el Ejecutivo Regional insisten en que la moratoria la han pedido porque el Gobierno Central no ha ofrecido ninguna alternativa. Ortuño, además, advertía del escenario que se tendrá en 2027 si se ejecutan los cierres,“el escenario para 2027 es extremadamente preocupante, porque tenemos una doble amenaza: por un lado, el recorte del trasvase Tajo-Segura, por motivos meramente políticos, y por otro, el cierre de pozos. Algo que tendría consecuencias, no solo para nuestra agricultura, sino para el futuro de toda la Región”, decía Ortuño, que concluía pidiendo al Gobierno de España, “que no deje abandonados a los agricultores una vez más, y que reclame ante Europa lo que es de justicia”.
