NOTA DE PRENSA DEL PP
La alcaldesa de Jumilla, Juana Guardiola, vetó en el Pleno del Ayuntamiento de Jumilla que se debatiera sobre la reforma del Código Penal para la eliminación del delito de sedición. La portavoz del Grupo Popular en el Consistorio, Seve González, presentó una iniciativa de urgencia para que el Pleno trasladara “la voz prácticamente unánime de los jumillanos” e instara al Gobierno de España “a que no intercambie votos por privilegios penales para sus socios”, si bien Guardiola se negó a tratar este asunto.
De hecho, fue el voto de calidad de la alcaldesa el que decantó la balanza e impidió que este tema se tratara en el Pleno, ya que se produjo un empate de diez votos a favor (Grupo Popular y Grupo Mixto) y diez en contra (Grupo Socialista). El objetivo del Grupo Popular era “que el Pleno reflejase lo que piensan mayoritariamente los vecinos de Jumilla, y que mostrase su rechazo al ataque sin precedentes a nuestra democracia que pretende llevar a cabo el Gobierno de España”
“Todavía hay margen de tiempo para cambiar el curso de los acontecimientos y convencer a los diputados y senadores socialistas de que frenen este dislate, pero para eso es necesario presionar y trasladar la indignación de los ciudadanos. Sin embargo, los socialistas de la Región de Murcia y de Jumilla están agachando la cabeza e intentando que no se hable ni se debata sobre esta concesión a los independentistas, porque, en el fondo, les avergüenza”, criticó González.
Para la portavoz popular, en este asunto “no puede haber medias tintas”, ya que o se está con el interés particular de Sánchez y de los independentistas, o se está con el interés general de España”. Por ello, lamentó que el rechazo del Grupo Socialista en el Ayuntamiento a debatir este asunto “deja claro de qué lado están, y también refleja lo alejados que están de sus propios vecinos”.
Asimismo, el Grupo Popular solicitó en el Pleno el debate como asunto urgente de la necesidad de instar al Gobierno de España a apostar por el diálogo y el consenso con el movimiento asociativo de la discapacidad y con las comunidades autónomas antes de tramitar normativas como la que suponía la eliminación de las bonificaciones a la contratación de personas con discapacidad.
Sólo el rechazo frontal por parte del movimiento asociativo de la discapacidad, aglutinado en el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), consiguió que el Gobierno de España diera marcha atrás en la normativa que abocaba a los centros especiales de empleo a su desaparición. Además se habrían provocado “efectos devastadores en la contratación y el futuro de miles de personas con discapacidad, que hubieran visto reducidas a casi nulas sus opciones de encontrar trabajo”, lamentó González.
Por ello, la intención del Grupo Popular era la de mostrar un respaldo unánime a que cualquier modificación normativa de este tipo se haga siempre desde el diálogo y previa consulta con el sector de personas con discapacidad, los interlocutores sociales y las comunidades autónomas. Sin embargo también en este asunto la alcaldesa Juana Guardiola decidió vetar el debate, ante el empate en las votaciones.
