La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) convocaba a sus socios a una reunión informativa en el Auditorio del Conservatorio para trasmitir en que situación se encuentra la campaña de la vendimia de esta año.
Pedro García, Presidente COAG Jumilla
Se anunciaba la bajada drástica del precio de la uva, entre un 30% y un 40% antes de comenzar las reuniones y negociaciones con los distintos bodegueros informaba Pedro García, presidente de COAG Jumilla y asegura que se han comprometido a respetar los precios del año pasado a pesar de la incertidumbre que existe en el mercado en este momento.
También se ha llegado en estas reuniones al acuerdo de poner un precio base a la uva que se irá incrementando dependiendo de la calidad del producto que se deposite en la bodega.
A más largo plazo García nos adelanta información sobre el proyecto que están estudiando, en el que se pretende poner en valor los cultivos de secano ya que son los que mayor calidad de uva están sacando.
Joaquín Vizcaíno, Responsable Nacional de la Sectorial del Vino COAG
Al respecto Joaquín Vizcaíno, responsable nacional de la Sectorial del Vino de COAG dice que se está trabajando en esta mesa de agricultura para definir una posible actuación a futuro de modificación del reglamento de la Denominación de Origen que permita diferenciar los viñedos de secano o de calidad respecto a otros viñedos de alta producción que también están amparados en la DO.
Continúa Vizcaíno haciendo hincapié en la necesidad de que el viticultor haga diferenciación entre su propia producción de las uvas de mayor calidad o baja producción y las de alta producción, que no la envíe a la bodega mezclada para así poder hacer también diferenciación en el precio a pagar.
En cuanto a la controversia que existe sobre el sistema de lucha contra el granizo, los conocidos cañones que disparan a las nubes, el presidente de COAG Jumilla aseguró que la opinión general está en contra de su utilización, que actúa sobre la amenaza dividiendo las nubes o desviándolas hacia otras fincas. Pide informes oficiales sobre el resultado de la utilización de estos sistemas. Solicita también a las autoridades su estudio y regularización, y prohibición en caso de que su aplicación beneficie a unos y perjudique a otros, como la amplia mayoría de la sociedad cree que ocurre.
