La Asociación de Naturalistas del Sureste ha remitido dos escritos a la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación a dos proyectos voltaicos en Jumilla y en Murcia. Por su parte, Stipa ha hecho lo propio con las plantas de Jumilla. Ambos proyectos han sido fragmentados de forma artificiosa para evitar la tramitación ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El primer caso, corresponde al proyecto CRUX, promovido por Crux Generación, S.L., consiste en una planta fotovoltaica con una potencia total de 99,36 MWp y que afecta a más de 100 hectáreas en el término municipal de Murcia. Su línea de evacuación de 220 KV tiene una longitud de casi 15 Km en aéreo. El segundo caso, corresponde al proyecto ELAWAN, promovido por Elawan Energy SL, consistente en una planta fotovoltaica con una potencia total de 87,93 MWp y que afecta a más de 170 ha en el término municipal de Jumilla. Su línea de evacuación de 132 kV tiene una longitud de 6,5 km en aéreo.

Las organizaciones recuerdan que, según la Ley 24/2013, corresponde a la Administración General del Estado la competencia para autorizar las “Instalaciones peninsulares de producción de energía eléctrica, incluyendo sus infraestructuras de evacuación, de potencia eléctrica instalada superior a 50 MW eléctricos, instalaciones de transporte primario peninsular y acometidas de tensión igual o superior a 380 kV”. Para eludir el control del Ministerio ambos proyectos se han fragmentado irregularmente en dos. Además, en el caso de CRUX, la fragmentación ha permitido que el tendido de evacuación de casi 15 km se tramite de forma simplificada en lugar de ordinaria conjuntamente con las plantas fotovoltaicas. Dicho tendido evacúa la energía de dos plantas solares adicionales (FV Luminora Solar Tres y FV Balsicas).

A juicio de ANSE y Stipa, la fragmentación dificulta y compromete la adecuada evaluación de sus repercusiones ambientales y promueve la minusvaloración de sus impactos acumulativos y sinérgicos sobre los recursos naturales. Además, los documentos ambientales carecen de la calidad técnica mínima exigible en estos trámites por lo que deberían resolverse con su inadmisión.

Por todo lo anterior, las organizaciones han solicitado a la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera que se inhiba en el trámite de los citados proyectos a favor de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Las Asociaciones recuerdan que el desarrollo de energías renovables y la descarbonización de la actividad económica son objetivos irrenunciables, pero estos no pueden alcanzarse mediante atajos que menoscaben el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. En este sentido, las organizaciones han solicitado una planificación urgente de este tipo de energía que debe someterse a una Evaluación Ambiental Estratégica.