Así lo ha anunciado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde ha respondido a una interpelación del grupo Unidos Podemos sobre la gestión pública del agua en los municipios.
Ribera ha adelantado que el Ministerio está ya trabajando en la elaboración de ese “libro verde” y ha subrayado además su intención de impulsar un gran “Pacto Social por el Agua” así como la creación de “observatorios” del ciclo urbano del agua.
El uso del agua doméstica
La interpelación al Gobierno fue defendida por la diputada de Unidos Podemos Alicia Ramos Jordán, quien defendió un modelo de gestión del agua en las ciudades “democrático, participativo y público”, un modelo que a su juicio contrasta con el “neoliberal” que se está imponiendo
en muchas grandes ciudades españolas.
Ramos Jordán ha instado a las ciudades a ser “valientes” frente al “asalto de los lobbies“, y ha incidido en la importancia de salvaguardar el agua como un derecho y un servicio frente a los intereses mercantilistas.
La diputada de Unidos Podemos ha rechazado la privatización y la centralización de la gestión del agua y ha abogado por cambios legislativos que eviten el “ahogo” al que a su juicio están sometidos en la actualidad muchos ayuntamientos.
La ministra se ha referido a la gran variedad de modelos de gestión del agua en las grandes urbes (gestión directa, a través de empresas públicas, privadas o concesiones) que existen en España, y ha incidido en la importancia de acometer cambios para anticiparse a los nuevos escenarios.
Entre éstos se ha referido al cambio climático, y ha asegurado que éste “se cebará” con los recursos hídricos.
El cambio climático preocupa a las autoridades
Ribera ha recordado que España ha sido ya condenada por el Tribunal de Justicia de la UE, que impuso una multa millonaria por incumplir la correcta depuración de sus aguas residuales y el retraso acumulado en atender las obligaciones de tratamiento de las aguas residuales de varias aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes.
A su juicio, resulta “inaceptable” que España haya llegado a esta situación, y ha insistido en la importancia de afrontar el “déficit” de inversiones en esta materia y de trabajar en ese sentido con las comunidades autónomas, con los operadores, los agentes sociales y los ayuntamientos para avanzar en estas soluciones.
