Los pensionistas de Jumilla también han salido a la calle, aunque no en la cantidad que les hubiera gustado a los organizadores, la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones.

Abogan por la movilización

Ante la puerta del Ayuntamiento han señalado que las grandes manifestaciones del 22 febrero y del 17 de marzo obligaron al gobierno a romper el tope del 0,25%, con lo que casi 3 millones de pensiones subirán un 3%, por lo que insisten en que la movilización persistente el único camino para defender los derechos de la mayoría social, aunque insisten en que sus reivindicaciones no han sido aún satisfechas y aseguran que durante este año más de la mitad de las pensiones perderán poder adquisitivo; solo 1 de cada 4 pensiones de viudedad se beneficiará de la subida anunciada; 300.000 pensiones de viudedad que no llegan a los 65 años no tendrán subida alguna y se mantiene la aplicación de la subida del 0,25% a partir del 2019.

Jose Antonio Coordinadora Pensiones Públicas

José Antonio Martínez, uno de los responsables de la Plataforma en Defensa del Sistema Público de Pensiones de Jumilla

Con estos argumentos consideran que es necesario continuar con la movilización para que, por ley, todas las pensiones suban tanto como el IPC, y por encima del mismo las más bajas, que tanto las pensiones mínimas como el salario mínimo tengan una cuantía de 1.080 euros como recomienda la Carta Social Europea y exigen el sostenimiento del Sistema Público de pensiones mediante las reformas e imposiciones fiscales con arreglo a las necesidades del sistema y participar como pensionistas en la solución del problema.

Derogación de las Reformas de Pensiones y Laboral

También piden la derogación de la reforma de las pensiones de 2011 y la de 2013, y la anulación de la reforma laboral de 2012, reivindican el blindaje de las pensiones en la Constitución y además, siguen reivindicando la jubilación a los 65 años.

Pretensiones de la UE

Han aprovechado la concentración para denunciar que la Unión Europea quiere bajar las pensiones públicas y sustituirlas por planes privados, con lo que entienden que lo que busca la UE es reducir la protección social pública y solidaria, para hacer crecer los mercados de capitales, medida que rechaza frontalmente la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones.

Por último hay tres cuestiones que consideran fundamentales, y son la reforma integral del Sistema Público de Pensiones para hacerlo más justo y redistributivo, que la sociedad participe en un debate abierto sobre el mismo y la presencia de los pensionistas en la Mesa de Negociación, que debe ser, necesariamente, con una formula distinta al Pacto de Toledo, ya caduco y obsoleto.