La Guardia Civil ha llevado a cabo en Jumilla la operación ‘DARKWEB‘, para esclarecer una serie de estafas en la adquisición de teléfonos móviles, que ha culminado con la detención de dos personas, como presuntas autoras de los delitos de estafa, falsificación de documento público y usurpación de estado civil continuada.

El pasado mes de mayo se inició la primera fase la operación a raíz de la intervención, a dos ciudadanos de origen guineano, de gran cantidad de documentación preparada para ser utilizada, presuntamente, en la elaboración de documentos de identidad, tales como pasaportes y tarjetas de identidad de extranjeros, por lo que la investigación se orientó a averiguar su procedencia y destino.

También se intervino un ordenador personal que, tras su análisis, se detectó que ocultaba un elevado número de archivos que contenían información personal de una cantidad considerable de personas.

La Benemérita pudo constatar que esos datos personales correspondían con datos de personas reales, las cuales, durante los últimos meses e incluso años, habían sido víctimas de una estafa consistente en la contratación de líneas telefónicas y adquisición de terminales de alta gama.

La red de estafadores, ahora parcialmente desmantelada, disponían de varios escalones operativos. En primera instancia se contaba con un grupo de personas encargadas de obtener información personal.

En un segundo nivel aparecen personas encargadas de vender documentación falsa o proporcionar los elementos necesarios para su elaboración, que podían ser pasaportes y NIEs, pero también certificados de empresa y documentos bancarios.

El tercer y último nivel lo integran las “mulas”, personas que reciben el encargo de desplazarse a distintos puntos de la geografía española al efecto de retirar los terminales adquiridos fraudulentamente de oficinas de correos, utilizando la documentación confeccionado al uso.

Se ha constatado que la estafa más habitual era la adquisición de terminales telefónicos de alta gama de una conocida marca, cuyo precio rondaría el millar de euros, y otros teléfonos también de altas prestaciones. Para ello formalizaban contratos con documentación ficticia y posteriormente, modifican los datos de contacto del cliente (domicilio, correo electrónico y número de teléfono) para que la compañía no pueda contactar con el mismo.

Hasta el momento se ha detectado que los ahora arrestados han actuado en numerosos puntos de España, como en la provincia de Valencia, la Comunidad de Madrid y en el municipio de Jumilla.