Han sido más de tres años los que la estructura metálica ha estado protegiendo la fachada de la ‘Casa Amarilla’, en la plaza de la Constitución, ante el riesgo de desprendimiento del inmueble, y ahora, por fin esa protección que tanto deslucía el entorno y tanta molestias ocasionaba a los vecinos, ha sido retirada, tras ser consolidada gracias a los trabajos que se están realizando, y que continúan en el interior de la vivienda.

En febrero de 2014 la Junta de Gobierno aprobaba realizar un proyecto de estabilización con el fin de garantizar la seguridad de los vecinos. Decisión tomada por la Administración Local ante la inactividad de los propietarios, por lo que de forma subsidiaria aprobó acometer las obras valoradas en 12.066€.

Así, en marzo de 2014 la empresa LOYMA procedió, por encargo municipal, a instalar la estructura de protección mencionada.

El problema ya venía de lejos, de hecho en 2008 la edificación presentaba diversos problemas en su estructura por lo que el Ayuntamiento la declaró en ruinas. La Consejería de Cultura concluyó tras su visita, que no debía demolerse por su interés patrimonial, obligando por consiguiente a los propietarios a rehabilitarla. Ante la inoperancia de los dueños, y a fin de garantizar la seguridad, en 2009, se cortó el tránsito a peatones y vehículos de la Calle La Labor y se colocó un primer andamiaje de protección. En diciembre de 2013 tras visitar técnicos municipales el edificio comprobaron que la situación se había agravado ya que habían aparecido grietas de más de 12 centímetros, que podían provocar el derrumbe inminente en la parte norte de la edificación, por lo que el Ayuntamiento encargó el proyecto para prolongar el andamiaje de protección y así garantizar la seguridad de personas, vehículos e inmuebles colindantes.

Y en todo este asunto se encuentra por medio el juzgado ya que ante la falta de respuesta de la propiedad del inmueble, el Ayuntamiento fue acometiendo trabajos de consolidación y seguridad en los que lleva invertidos más de cincuenta mil euros, que según sentencia judicial los dueños deben abonar al Consistorio.